El senador de izquierdas Iván Cepeda dijo a Efe este lunes que es un "retroceso" la política de seguridad del Gobierno colombiano al referirse a un artículo de The New York Times que reveló que el Ejército ha ordenado a la tropa incrementar resultados operacionales, poniendo en riesgo la vida de los civiles.

"Es un retroceso en determinados aspectos. El proceso de paz que comenzó hace varios años ha mostrado una gran solidez y ha venido consolidándose poco a poco, pero por supuesto esta clase de acciones que se estarían emprendiendo desde el Gobierno y en la fuerza pública pues obviamente desdicen y van en contravía de ese propósito de que Colombia alcance la paz", explicó el parlamentario.

En un artículo publicado el pasado sábado, el diario estadounidense, que revisó órdenes escritas y entrevistó a altos oficiales, señaló que el Gobierno colombiano está ejecutando "otra encarnación" de los llamados "falsos positivos", crímenes cometidos por militares que presentan a civiles como guerrilleros abatidos, para lograr dádivas y permisos de sus superiores

Según la Fiscalía, entre 1988 y 2014 se registraron al menos 2.200 casos de ejecuciones extrajudiciales y el fenómeno "se incrementó a partir del año 2002 y conoció su etapa más crítica entre 2006 y 2008", los años en los que se concentran el 59,3 % de los casos.

Estas cifras contrastan con las de la ONU, que en 2011 aseguró que se investigaban al menos 3.000 "falsos positivos".

El organismo internacional precisó luego que las estimaciones cifraban estos hechos en unos 4.200.

Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA) y copresidente de la Comisión de Paz del Senado, recalcó que lo que ha detectado The New York Times es grave porque se estaría volviendo a la seguridad democrática que implementó el entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010).

"Es evidente que hay una muy seria investigación de uno de los periódicos más influyentes en el planeta que da cuenta de testimonios de oficiales del Ejército colombiano y también de documentos que evidenciarían que el actual Gobierno ha vuelto a transitar el camino de lo que se llamó la política de seguridad democrática, la de las dos administraciones de Álvaro Uribe".

Cepeda recordó que la política de seguridad de Uribe se basó "sobre el precepto de que un fin valía cualquier clase de métodos (...) para hacer mucho más eficaz lo que se llaman resultados operacionales en ese lenguaje aséptico para denotar acciones violatorias de derechos humanos".

En esa dirección, aseguró que la oposición considera que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, debe dejar el cargo porque una "denuncia tan grave amerita que haya otra persona que lo reemplace y en efecto dilusidar la veracidad de esta información".

Añadió que Botero ha cometido "múltiples errores" y que no es la primera vez que está en el ojo del huracán.

Recordó que el ministro trató de ocultar que un militar dio muerte al exguerrillero Dimar Torres, un desmovilizado de la antigua guerrilla de las FARC.

El hecho ocurrió el pasado 22 de abril en la aldea Campo Alegre, del municipio de Convención, que hace parte del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

El ministro Botero informó dos días después que el cabo Daniel Gómez bajó por un caño en la convulsa región del Catatumbo para unirse al grupo encargado de custodiar el oleoducto que pasa por la zona cuando se encontró con el exguerrillero Torres, quien al parecer intentó quitarle el fusil.

Al ser informado de lo ocurrido, el Ejército asignó equipos multidisciplinarios para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrió la muerte de Torres.

Más adelante Botero confirmó que sí fue un homicidio por parte del militar, mientras que el jefe de la Fuerza Vulcano, el general Diego Muñoz, pidió perdón públicamente tras admitir que militares tuvieron que ver con ese suceso.

EFE